Acordada de respaldo

Sin embargo, parece que el principal aporte de la normativa es el respaldo que le da a los jueces a la hora de aplicar las medidas cautelares por la presión extralegal que tienen, principalmente, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la prensa y las redes sociales.

Es que el documento recuerda cuestiones que están en la Constitución, en los tratados internacionales, y en el mismo Código Procesal Penal, como si fuera que los jueces no los conocen, o por lo menos tendrían.

Del análisis de la acordada 1511/2021, tenemos que reconoce que la prisión preventiva es excepcional, que la persona solo puede estar recluida si se cumplen las condiciones legales.

Refiere que los criterios que se dan son favorables para la vigencia de la Carta Magna, las leyes secundarias y los derechos humanos. Advierte que esto no interfiere con la garantía de independencia de cada juez.

Encomienda la lectura de varios instrumentos internacionales como casos ante la Corte Interamericana, a más de recomendaciones de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP).

Otro punto interesante es la implementación de sistemas de apoyo para la descongestión de causas, con el fin de descomprimir las cárceles, a través de la revisión de oficio de las medidas cautelares que, según la ley, deben hacerse cada 3 meses.

Hace hincapié en la independencia del juez a la hora de resolver, valorando la prueba, sin tener en cuenta la injerencia interna o externa de factores extralegales.

Recuerda la obligación de fundar las resoluciones, de que la reclusión no pase la pena mínima, y las prohibiciones sobre la prisión de embarazadas en los últimos meses, o en periodo de lactancia, mayores de 70 años, o enfermos terminales.

Indica que, una vez pasada la pena mínima, y dictada la revocatoria de la prisión, no se podrá dictar ninguna otra medida cautelar.

Da 5 meses a los jueces para ponerse al día con las revisiones de oficio. Para ello, la Dirección Auditoría de Gestión establecerá un plan de control para cumplir con los fines de la acordada.

ANEXOS. En los dos anexos, el instrumento da las pautas especificas a seguir, tales como que se priorizarán las audiencias de revisión oficiosa, para descomprimir la crisis carcelaria.

Luego vienen las reglas generales, entre ellas, sobre la forma de aplicar, la responsabilidad exclusiva del juez sobre la resolución, el deber de fundar los fallos, la obligación fiscal de motivar sus pedidos de prisión.

Quiere sacar la mentalidad inquisitiva de los magistrados. Indica que no se puede aplicar de oficio una medida cautelar sin pedido fiscal, pero sí se puede revisar de oficio.

Justamente, uno de los problemas cotidianos son las resoluciones donde solo se hacen citas doctrinarias, sin argumentos concretos para aplicar la prisión.

Asimismo, incentiva a aplicar las medidas alternativas, incluso, pese a que el fiscal pida prisión, cuando el juez considere que no corresponde o sea innecesaria.

Se habla de la eximición de prisión, cuándo se da, las condiciones del hecho punible grave, la participación del imputado, a más del peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.

También del control de convencionalidad, cuando la normativa interna sea contraria a los convenios internacionales. Esto, cuando la ley interna prohíba dar medidas para ciertos tipos penales.

Sobre la depuración, pide un listado de causas sobre las revisiones pendientes, y se realizará un proceso de depuración de modo a descomprimir las cárceles.

Ahora bien, hasta acá, es bastante bueno recordar a los jueces normas que están vigentes y que deben ser cumplidas. Lo ideal sería que esta normativa sea aplicada también por la propia Corte.

Hay hábeas corpus rechazados pese a que los procesados cumplieron la pena mínima porque "hay orden de juez competente". Aclaremos que los votos son de los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, con la disidencia de Manuel Ramírez Candia.

Incluso, hubo un caso de revisión de condena, para un recluso con una enfermedad terminal. El pedido fue rechazado, y se pidió aclaratoria que hasta ahora se estudia, pese a que el hombre ya falleció.

No dudo que los jueces citarán la acordada cada vez que apliquen una medida alternativa o sustitutiva, como respaldo. La cuestión es saber si la ciudadanía está preparada para este tipo de política garantista como es el espíritu de nuestra Constitución.

Fuente: UH