De hipocresías y responsos | , Basilio Núñez

La actitud farisea de la clase política quedó al desnudo en el debate sobre las tierras malhabidas, más del millón de hectáreas que el Estado entregó a precios regalados a personas que no eran sujetas de la reforma agraria (no lo eran de acuerdo con el objetivo de la reforma agraria, aunque la ley se confeccionó de tal forma que cualquiera podía solicitar una finca).

Los principales cuestionadores fueron legisladores del partido Frente Guasu, del ex presidente Fernando Lugo, quienes tomaron como base de su crítica el informe Verdad y Justicia sobre la violación de derechos humanos en la dictadura. El documento tiene un capítulo referido exclusivamente a la distribución de las tierras públicas. Los luguistas se trenzaron en un árido debate con su colega de Patria Querida, el senador Fidel Zavala, quien además de haber sido acusado de comprar una finca al interior de una reserva natural había cuestionado ese capítulo del informe.

Resulta que ese capítulo, que según el abogado Felino Amarilla permitía la apertura de cuanto menos cuatro mil juicios para recuperar tierras, fue presentado en el 2008, al inicio mismo del gobierno de Fernando Lugo. ¿Cuántos juicios inició su administración? Ninguno. Los mismos indignados de hoy no promovieron una sola acción, pese a que en el documento se detallan casos tan alevosos, como el de un colono brasileño que recibió cincuenta fincas cuando nadie podía obtener más que una.

Ya bajo la administración de Horacio Cartes, la Procuraduría se animó a llevar adelante 33 casos (¡33 de 4.000!), de los cuales perdió… ¡33! Según Amarilla —a quien nadie en su sano juicio podría calificar de izquierda— todos los casos se perdieron por la misma razón; las acciones las llevó adelante la Procuraduría, entidad que no tiene legitimidad porque las fincas le pertenecen al Indert. Era esta la institución que debía accionar.

El resultado final: los 4.000 casos potenciales ya prescribieron, y el Estado les debe a los abogados de los 33 casos que perdió más de 24 millones de dólares. Para Amarilla no hubo un solo error; sencillamente, todos conspiraron para que nada cambie.

En estos días, la opinión pública se vio impactada por la cuasisanción de una ley que modifica las reglas de juego para las quiebras. La ley había sido aprobada en el Senado y debía ser tratada en Diputados. Alguien dijo que la nueva ley llevaría a la quiebra a todo aquel que tuviera un atraso de más de dos cuotas en el pago de una deuda. En las redes se armó un berenjenal de opiniones sin que nadie supiera muy bien de qué se trataba la cosa. Lo cierto es que políticos, como el diputado cartista Basilio Núñez, calificaron el proyecto como una "ley de indolentes". Finalmente, el proyecto se rechazó y encajonó.

Resulta que el proyecto fue redactado bajo la administración de Cartes, eran "indolentes cartistas" que pretendían modernizar los procesos de quiebra que hoy están en manos de seis síndicos de Quiebra que llevan adelante litigios de hasta cuatro años, trámites interminables en los que los únicos que ganan son los abogados. Obviamente, presentar una ley con la palabra insolvencia en medio de una recesión económica es como gritar "fuego", sentados sobre toneladas de dinamita.

Se supone que, justamente para evitar estas confusiones, el Gobierno de Abdo Benítez elevó la Secretaría de Información y Comunicación a la categoría de ministerio. En la práctica, empero, ocurre lo que sucedió con respecto a esta ley; el único pronunciamiento oficial ante el escándalo fue una escueta explicación del jefe del Gabinete Civil, 24 horas después de que el Congreso matara el proyecto; una suerte de responso. Si siguen así, la próxima oración fúnebre será para despedir al Gobierno.

Fuente: UH