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Un Estado secuestrado

La noticia llegó en el mismísimo instante en que la plana mayor de la FTC, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, los ministros Euclides Acevedo (Interior) y Bernardino Soto Estigarribia (Defensa) daban explicaciones en el Senado sobre el operativo, ya que las circunstancias de la muerte de las dos niñas generaron duros cuestionamientos políticos, gremiales, de los obispos e incluso crispación internacional con Argentina y un organismo de DDHH de la ONU.

Como pocas veces, militares, policías y fiscales tuvieron que salir a defenderse de los ataques no solamente por la forma en que encaran sus operativos, sino también por la falta de resultados contundentes contra la organización criminal que hace más de dos décadas controla partes de la zona Norte del país.

Este nuevo episodio muestra la capacidad operativa y la estrategia del grupo criminal. El EPP, se sabe, es una organización violenta, cruel, sin códigos, que secuestra y mata con consignas ideológicas como maquillaje de su verdadero rostro. Quienes han sido víctimas y han logrado salir gracias al pago del rescate son eternos prisioneros porque vivirán con el miedo como segunda piel. En su haber macabro hay 67 asesinatos, entre ellos 11 militares, 18 policías y el resto civiles. En contrapartida, fueron abatidos por las fuerzas policiales y militares un poco más de 30.

GOLPE POLÍTICO. Este nuevo secuestro tiene, a diferencias de los anteriores, todos los condimentos políticos para un cóctel explosivo. El blanco selectivo es un dirigente de larga trayectoria en el PLRA que llegó al rango de vicepresidente con el que logran impacto internacional. Es un golpe doble al Gobierno y a su fuerza pública, debilitados por el episodio de Yby Yaú. Tampoco es un secuestro extorsivo clásico, que implica pedir rescate millonario, como fueron sus víctimas anteriores. Este es un secuestro político: piden canje de prisioneros, Denis por Carmen Villalba y Alcides Oviedo, cuyo plazo vence esta noche, a las 22:00, y que la familia reparta víveres y otros elementos por la suma de dos millones de dólares en 40 comunidades indígenas en un cortísimo plazo de una semana. Si se cumplen las exigencias, "el retenido será liberado", pero si no cumplen lo exigido "en 8 días el caso quedará cerrado y el detenido fusilado", acota con letras de sangre el comunicado epepista.

Este secuestro dejó desconcertado al Gobierno, que está embretado porque el pedido de canje de prisioneros lo hace responsable de la situación. Si bien por el suboficial Edelio Morínigo se planteó lo mismo en el 2014 y el gobierno de Cartes hizo caso omiso, humanitariamente hablando las dos vidas, las de Edelio y Óscar Denis, son iguales, pero hay diferencias en cuanto a impacto político y las consecuencias para el presidente Mario Abdo Benítez.

NUEVA VISIÓN. Los antecedentes prueban que la vía militar como única fórmula de combate al fenómeno del EPP no es eficaz. Desde el 2001, cuando entran en escena con el secuestro de María Edith Bordón, las fuerzas del Estado no lograron rescatar a ningún secuestrado. Los que lograron salir del infierno, fue porque pagaron los millonarios rescates.

El EPP es un problema político y como tal se debe ampliar la mirada, replantear la lucha para encontrar la solución final. Eso no significa bajo ningún sentido renunciar a la persecución militar-policial.

El Norte, al decir de Alfredo Boccia, es un territorio donde mandan el EPP, los narcotraficantes y las bandas criminales como el PCC y el Comando Vermelho. Allí, un Estado mínimo también está secuestrado porque sus instituciones son débiles o directamente corruptas. La política partidaria está alimentada por la delincuencia y de allí la metástasis a los demás organismos estatales.

Paralelamente, el país entero está secuestrado por ese Estado débil, corrupto, ineficaz, cuyos débiles cimientos se resquebrajan cuando aparecen problemas para resolver, ya sea por la pandemia del coronavirus, ya sea por el EPP.

Marito camina en la cornisa porque el epílogo de este secuestro pone más que nunca a prueba la eficacia de la cuestionada FTC y, por ende, a su gobierno.

Fuente: UH