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Ipukúta la campaña electoral

Casi 150 intendentes que prolongarán su periodo son colorados y representan más del 40% de las jefaturas municipales. Las demás intendencias están distribuidas entre liberales, alianzas e independientes, entre los cuales están Luis Yd, de Encarnación, y Miguel Prieto, de Ciudad del Este

En el caso de Luis Yd, que ganó mediante una alianza, experimentó varios tipos de ninguneos del Gobierno Central apenas asumió el cargo en el 2015, tras derrocar a una hegemonía colorada con más de 70 años al frente de Encarnación. En un principio, su Municipio dejó de recibir aportes de Yacyretá, dejando un gran hueco que cubrir en la administración, que desde al menos hacia una década dependía en parte de la binacional, pero además del golpe económico tuvo que soportar la humillación, pues las obras de infraestructura en la zona se inauguraban sin su presencia e incluso se omitió su nombre en más de una placa conmemorativa.

No solo fue opositor del Gobierno Central, también soportó hostilidad en la Junta Municipal, que no aprobó su último informe de gestión, situación que terminó en la Cámara de Diputados con un pedido de intervención. Este comportamiento sorpresivo tuvo su repercusión en la sociedad, pues los encarnacenos reaccionaron con caravanas y bocinazos, un mecanismo de manifestación que se impuso en estos tiempos de pandemia. También llamó la atención la rapidez de la Fiscalía para hacer allanamientos en la Comuna, a menos de un mes del pedido de intervención, mientras acumula otras carpetas de investigación.

La otra crisis político-social a nivel distrital se observa en Ciudad del Este, donde antes de analizar la coyuntura actual, habría que remontarse al contexto geopolítico. En esa zona fronteriza se cumplió con el objetivo de levantar una ciudad que sea económicamente dependiente del Brasil a través del Puente de la Amistad. Por varios años el distrito se mantuvo aislado de las reglas estatales, pues se regía por los antojos del clan Zacarías, con el incondicional apoyo del Partido Colorado.

Poco o nada se sabía en Asunción acerca de lo que ocurría en el Este hasta que se viralizó en las redes sociales un estallido social tras las elecciones del 2015, que terminaron con la victoria de Sandra McLeod, en medio de denuncias de irregularidades, incluyendo supuesto secuestro de actas. Desde ese momento, la desconfianza hacia la administración municipal se extendió al país, se crearon grupos de contralores ciudadanos y hubo tanto escándalo que el Gobierno Central tuvo que hacerse cargo y finalmente McLeod fue destituida e imputada junto con su marido, el senador Javier Zacarías Irún.

En reemplazo subió un intendente no oficialista en 2019, Miguel Prieto, y como en el caso anterior, soporta hasta ahora a una oposición en la Junta y, aunque logró la aprobación de su balance, debe enfrentar a una sociedad dividida.

Sin entrar a discutir la idoneidad de estos intendentes, el comportamiento del Gobierno Central para con la población de estos distritos fue el mismo: ignorar sus demandas e impulsar una campaña de desprestigio para asegurar la revancha colorada en las siguientes elecciones.

Pero la Administración Central no imaginó que activaría una dinamita cuando omitió a CDE en sus planes de contingencia y recuperación de la pandemia. La ciudadanía fue contundente, dejó de lado los protocolos, salió a las calles y el Gobierno tuvo que escuchar los reclamos.

De esta manera la pandemia evidenció aún más el abandono estatal en ciudades que no están dominadas por el oficialismo, así como una campaña electoral que juega con la paciencia de la población.

Fuente: UH