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Los pomelos de la corrupción

Es más, algún agente afirmó que la sola publicación de tantas impudicias no aporta pruebas de corrupción, que solo pueden considerarlas como tales si un análisis de correspondencia de la Contraloría así lo determina.

Es una afirmación desconcertante a la luz de las barbaridades que saltan a simple vista. Si un fiscal olvida mencionar en su declaración jurada una mansión en un coqueto barrio cerrado; o un fiscal devenido a vicepresidente solo puede justificar su incremento patrimonial aduciendo que vive del sol y la lluvia, no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación de oficio.

Si el cuerpo yace tibio aún en el suelo y el sospechoso empuña la daga manchada de sangre, no es necesario ostentar los siete títulos académicos del diputado Portillo para conectar causa y efecto, víctima y victimario. Un operador de la Justicia debería tener material suficiente como para hacer su trabajo.

Quizás para lograr una reacción más rápida habría que plantar en la declaración jurada de los sospechosos un par de pruebas, de esas que por su contundencia movilizan al más lerdo de los fiscales y convencen al más incrédulo de los magistrados: un cacho de bananas, un racimo de uvas… un par de pomelos.

A juzgar por los hechos recientes, para que la investigación prenda no es necesario plantar un árbol, basta con dos frutas ocultas en una mochila para que el largo brazo de la ley alcance a quien arrancó esas pruebas irrefutables de su acción depredadora. Acción lo suficientemente reprochable como para derivar en una privación inmediata de libertad, no sea que el atracador carpófago siga haciendo de las suyas, sacándole el jugo al producto de su rapiña… o sirviéndolo con azúcar y en compotas.

Ambos casos resultan interesantes de revisar porque pintan de cuerpo completo a nuestra Justicia, y se convierten en ejemplos notables de cómo reaccionamos ante ella.

En el caso de las declaraciones juradas, es evidente que ninguna autoridad fiscal se quiere meter porque hacerlo supone investigar las trapisondas de las mismas personas que tienen a sus representantes en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Quién querría denunciar a los amigos y correligionarios de quienes con su voto antojadizo y arbitrario pueden luego destituirle o dejarle fuera de la carrera?

La inacción ante la contundencia de los hechos confirma de manera brutal la dependencia judicial de las miserias de la política.

En el segundo caso, el del presunto ladrón de pomelos, queda expuesta una vieja práctica judicial que responde más a la opinión pública que al espíritu de nuestras leyes. De acuerdo con la misma Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto supone que, salvo que exista peligro de fuga o de obstrucción en la investigación penal, nadie debería estar privado de libertad hasta que un juez lo declare culpable.

Esta garantía constitucional perdió popularidad por una razón simple: en los casos de imputados por corrupción nunca llega la sentencia. El ejercicio abusivo del derecho, mediante la chicanería sistemática, la inhibición de jueces y fiscales, o el archivamiento grosero de los expedientes, hizo que por décadas ningún peso pesado llegase a prisión.

Para descomprimir la bronca pública, en los últimos años se viene aplicando discrecionalmente la prisión preventiva, dándonos una falsa sensación de justicia. Es un engaño porque en realidad no hay condena.

De hecho, es una buena estrategia porque, para cuando el juez baje el martillo y el corrupto recupere su libertad, seguirá en la retina ciudadana la imagen del recluso temporal.

Señales claras de una Justicia confusa en la que confesar corrupción pública no es suficiente para ser investigado, pero arrancar un par de pomelos basta para terminar en prisión.

Fuente: UH