Otro fallo ordena publicar DDJJ de compras por Covid

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, en un fallo dictado ayer, ratificó la resolución del juez de Garantías, Alcides Corbeta, quien admitió el amparo promovido por David Riveros y María Esther Roa, en contra de la Contraloría General de la República para transparentar las compras durante la pandemia.

Con la resolución, se deberán publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, actuales de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Secretaría Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporã), y del Ministerio de Defensa Nacional.

Además, de las autoridades y funcionarios de los ministerios del Interior, de Hacienda, de Justicia, de Agricultura y Ganadería, del Instituto de Previsión Social, del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA de la Sanidad Policial.

Asimismo, de la Sanidad Militar, del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y de Petróleos Paraguayos (Petropar).

A esto se suman los proveedores del Estado involucrados en las compras hechas como consecuencia de la Ley 6524/20 de Emergencia Sanitaria por la pandemia.

La Contraloría había estado publicando declaraciones juradas de autoridades nacionales desde 1998 a 2017, a raíz del fallo de la Corte en el amparo de Juan Carlos Lezcano, pero con esta resolución, las declaraciones a ser publicadas son de las autoridades actuales.

EL FALLO. El acuerdo y sentencia fue dictado por los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, que confirmaron el fallo del 21 de abril del juez Alcides Corbeta.

El abogado Federico Legal, por los accionantes, había apelado la resolución en el sentido que el juez solo concedió el amparo para todas las dependencias del Estado que están citadas en el artículo 3 de la Ley 6524/20 y los proveedores del Estado.

El representante de la Contraloría se había opuesto a la apelación que promovieron los actores porque dice que se quiere ampliar la resolución del juez Corbeta.

Los camaristas realizaron un análisis de la procedencia del amparo para la solicitud de los informaciones a través de la ley de acceso a la información pública. Citan incluso los requisitos de la garantía constitucional.

Por su parte, el voto de Emiliano Rolón apunta que lo que se pide con la apelación es que se ordene a la Contraloría a publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de todas las autoridades y funcionarios de las Organizaciones y Entidades del Estado (OEE).

Añade que con el recurso, los amparistas pretenden ampliar el eje de su propuesta inicial, para extender sus alcances y situaciones no contempladas, por lo que vota por ratificar la resolución. Indica que incluso que está en concordancia con el reciente fallo de la Corte sobre el tema.

De esta manera, confirman la resolución del juez Corbeta. Así, ahora, deberán publicarse las declaraciones juradas de las autoridades actuales.

Fuente: UH