šŸ‡µšŸ‡¾ Procuradora de Brasil pide condena a ItaipĆŗ por daƱos a los indĆ­genas

Este lunes 9, la procuradora general del Brasil, Raquel Dodge, titular del Ministerio PĆŗblico Federal, solicitĆ³ la condena de la UniĆ³n (el Gobierno Federal de Brasil), el Estado de ParanĆ”, la FundaciĆ³n Nacional IndĆ­gena (Funai), el Instituto Nacional de ColonizaciĆ³n y Reforma Agraria (Incra) y de la ItaipĆŗ Binacional por los daƱos causados por la hidroelĆ©ctrica a las comunidades avĆ” guaranĆ­ que habitaban en la regiĆ³n afectada por la represa.

El anuncio fue publicado en el sitio web del Ministerio PĆŗblico Federal del Brasil, donde se indica que la medida busca reparar las violaciones de los derechos sufridos por los pueblos indĆ­genas desde la construcciĆ³n de la planta hidroelĆ©ctrica, ocurrida entre 1978 y 1982, y que continĆŗan hasta nuestros dĆ­as.

La procuradora seƱalĆ³ que muchos de los nativos fueron expulsados y excluidos del proceso de reasentamiento y reparaciĆ³n promovido por el estado brasileƱo.

La investigaciĆ³n de ƚH detallĆ³ que las investigaciones antropolĆ³gicas determinan que en Brasil fueron unos 40.000 los indĆ­genas avĆ” guaranĆ­ paranaenses que fueron afectados, mientras que en Paraguay fueron unos 20.000.

Los documentos recogidos por los diferentes estudios relatan las violaciones cometidas por la hidroelƩctrica en ambas mƔrgenes (Paraguay y Brasil) contra los pueblos originarios de la zona.

Sin embargo, en el lado paraguayo, el Ministerio PĆŗblico no ha realizado ninguna investigaciĆ³n hasta ahora, asĆ­ como tampoco ningĆŗn otro organismo, excepto los trabajos impulsados por el Centro de Estudios AntropolĆ³gicos de la Universidad CatĆ³lica (Ceaduc) y los Informes de la ComisiĆ³n de Verdad y Justicia (CVJ), que cuentan con registros de los abusos cometidos por la binacional contra los avĆ” guaranĆ­ paranaenses.

"La hidroelĆ©ctrica no solo ha destruido el pasado y el presente del grupo Ć©tnico, sino que tambiĆ©n ha comprometido su futuro al privarlo de las reparaciones y compensaciones debidas y causar la desapariciĆ³n de referencias importantes para las generaciones futuras", dijo la procuradora brasileƱa.

AcciĆ³n. La AcciĆ³n Civil Original (ACO) presentada por la procuradora general de Brasil se basa en el informe producido por el Grupo de Trabajo de ItaipĆŗ (GTI), vinculado a la CĆ”mara de Pueblos IndĆ­genas y Comunidades Tradicionales (CCR) del Servicio Federal de FiscalĆ­a (MPF), que revelĆ³ numerosos actos de discriminaciĆ³n perpetrada por las organizaciones y entidades denunciadas.

"Entre ellos, la negaciĆ³n de la existencia, identidad y presencia de los avĆ” guaranĆ­ en los territorios tradicionales afectados por la construcciĆ³n de la planta y que resultĆ³ en la expulsiĆ³n forzada de los pueblos indĆ­genas de sus territorios tradicionales y la violaciĆ³n de sus derechos", seƱala la publicaciĆ³n.

La acciĆ³n fue presentada ante el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil y exige que se ordene a los acusados a pagar a los diversos grupos afectados una compensaciĆ³n equivalente a R$ 50 millones (USD 12,5 millones) por aƱo, el pago de daƱos materiales por las pĆ©rdidas acumuladas resultantes del proceso de remociĆ³n forzada por un monto de R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales, y que ItaipĆŗ pague R$ 100 millones (USD 25 millones) anuales como regalĆ­as.

Fuente: UH