Rehenes de políticos y empleados públicos

El beneficio más importante es la reducción de la edad mínima requerida para acceder a una jubilación obligatoria, la cual pasará de 65 a 55 años. Durante la sesión, el diputado Édgar Acosta dijo: "Los médicos se merecen una jubilación diferente, digna, al lado de su familia".

Lo que no dijo es que, además de diferente, se les están otorgando a los médicos beneficios muy superiores a los que tienen los empleados del sector privado, otros empleados públicos, e incluso los que tienen los empleados en países desarrollados.

Este proyecto de ley fue aprobado a las apuradas en la Cámara de Diputados, sin la participación de los diversos sectores y, sobre todo, sin la participación del Ministerio de Hacienda, violando la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal, que en su artículo 12 dice claramente que "todo proyecto de ley que implique impacto fiscal, presupuestario, o financiero para el Estado, deberá contar con un informe técnico del Ministerio de Hacienda para su tratamiento".

El mismo no solamente fue aprobado en Diputados sin ese informe técnico, sino que además su contenido va totalmente a contramano con lo que está ocurriendo en el mundo, donde la tendencia no es reducir la edad mínima para acceder a la jubilación, sino aumentarla.

Es que gracias a los avances en la medicina y al mejoramiento de las condiciones económicas, la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, en Europa, pasó de 42,6 años en 1910 a 84,5 años en el 2010.

Este cambio demográfico ha exigido a los sistemas jubilatorios europeos, que ya se encuentran sufriendo importantes déficits, a elevar en forma planificada la edad mínima exigida para jubilarse: de los actuales 65 años se llegará a los 67 años en el 2027.

Mientras en el mundo desarrollado se eleva la edad jubilatoria, aquí en el Paraguay –un país en vías de desarrollo– la estamos reduciendo, aumentando el déficit actuarial en casi un mil millones de dólares, en una Caja Fiscal que ya hoy tiene un déficit superior a los 200 millones de dólares al año.

Este proyecto de ley, al igual que varios otros del mismo tinte populista que se han aprobado en el pasado, genera en amplios sectores de la sociedad paraguaya estupor, bronca e impotencia.

La sociedad se siente rehén de una clase política que utiliza al Estado como un botín de guerra en beneficio de su clientela política, que en su gran mayoría son los funcionarios públicos.

Mientras ellos a la luz del día se otorgan beneficios que no tienen ni siquiera los empleados del primer mundo, aquí en el Paraguay solamente el 26,9 por ciento de la población tiene acceso a un seguro médico.

El 73 por ciento restante vive en la absoluta intemperie sin cobertura ni protección social alguna. Muchos de ellos en la indigencia, sin acceso a una alimentación básica, a una vivienda digna y a una atención de calidad a su salud.

En este país, con estas necesidades, los médicos, que declaman tener una vocación de servicio que orilla el sacrificio, solo quieren trabajar hasta los 55 años.

En la época de la dictadura de Stroessner, la clase privilegiada era la de los militares, ellos tenían todo el poder, tenían numerosos beneficios y ante la mirada impotente de la sociedad civil, se llevaban una parte importante del presupuesto de gastos de la nación.

Después del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 esos privilegios fueron reduciéndose, pero lamentablemente llegó esta democracia electoral que hoy tenemos, con su carga de clientelismo y corrupción que nos abruma.

Hoy somos rehenes de la clase política y de los funcionarios públicos, que todos los días se adjudican nuevos beneficios, ante la indignación de una sociedad que sufre de enormes privaciones.

Ellos están jugando con fuego, están jugando con la paciencia de una sociedad que tarde o temprano va a decir ¡basta!


Fuente: UH