Oportunidad o debacle

Para entender la magnitud del problema que se avecina, basta con revisar la crisis que se desató en el Ministerio de Educación en marzo pasado. Desde el 2013, el número de docentes que se acogían a la jubilación se mantenían en un promedio de 200 o 300 por mes; en marzo salieron ¡1.318! Y esta es apenas la punta del iceberg. En este momento hay ya más de ocho mil maestros que cumplieron los requisitos para jubilarse y que tienen el visto bueno de Hacienda. Solo precisan presentar su renuncia a la cartera de Educación y pueden irse mañana mismo a sus casas.

El culebrón que vive hoy el ministro Eduardo Petta es un poroto al lado de lo que puede pasar si todos ellos –o la mitad– deciden abandonar las aulas este año. Cargarle toda la responsabilidad al secretario de Estado de esta consecuencia lógica del envejecimiento del estamento docente y de la falta de una política pública para enfrentarla es simple oportunismo político.

Si revisamos la estadística del MEC, podemos ver que el número de jubilaciones anuales había venido creciendo de manera gradual hasta que se disparó abruptamente a inicios de este año. Esto tiene una explicación simple. La mayor parte de los docentes entraron masivamente en la década de los noventa, cuando se expandió la cobertura de la educación pública y se permitió que afloraran institutos de formación docente privados que arrojaron al mercado miles de nuevos maestros, muchos de ellos de dudosa formación académica.

Pues bien, así como ingresaron en masa llegan en masa a la edad de la jubilación. En la próxima década, más de 40.000 maestros alcanzarán la edad para jubilarse, lo que representa casi ocho de cada diez docentes que hoy están en aula.

Como decía al inicio, esta es una oportunidad para formar una nueva generación de maestros con mayor rigor académico y reglas claras que les garanticen salarios acordes a la importancia de su rol, y una carrera previsible, totalmente ajena a las miserias político-partidarias.

La contracara de esto es el costo de la jubilación. El sector docente, junto con el de los militares y los policías, vienen engrosando un monstruoso déficit de la Caja Fiscal, un agujero financiero que, irónicamente, lo tienen que cubrir todos los trabajadores que pagan sus impuestos, aunque ocho de cada diez de ellos jamás podrán acogerse al beneficio de una jubilación.

Esto que hoy vemos en Educación ocurre en todo el Estado. Repito: el 65% del funcionariado público supera los 55 años, lo que significa que alcanzará la jubilación en la próxima década. Otra vez, esta es una oportunidad para achicar el aparato público y reemplazar personal que ingresó sin concurso y con poca formación por un capital humano mejor calificado y que acceda de acuerdo con la ley.

En contrapartida, su salida impactará financieramente en la caja del Estado. Las proyecciones que se hacen son escalofriantes. Lo que aportan los funcionarios activos versus lo que cobran los jubilados arroja un déficit que en la próxima década puede comerse un tercio de todo el presupuesto del Estado, una tragedia fiscal como la que vive hoy Brasil, por ejemplo.

Oportunidad o debacle. Estamos parados justo donde se bifurca el camino. El drama es que la elección depende de la clase política y del Poder Judicial, los mismos que hoy perforan las leyes para seguir contratando a sus operadores, parientes o amantes, todo a cuenta de un futuro que puede ser catastrófico si no les obligamos hoy a tomar la senda correcta.


Fuente: UH