Condena a militar es un retroceso para los derechos de las mujeres

A principios de 2017, casi dos años después de haberse promulgado la Ley de Lactancia Materna, se conoció el caso de la teniente de fragata Carmen Quinteros, quien en base a dicha normativa pidió a sus superiores que la dejaran amamantar a su hijo, entonces con pocos meses de haber nacido. Solicitó que se la exonere de las largas guardias, que se prolongaban hasta por 24 horas y le impedían estar con el lactante y pidió su traslado a otra dependencia militar, de donde sería menos complicado su traslado hasta donde se encontraba el niño.

El pedido le fue negado por sus superiores y la teniente Quinteros recurrió a un juzgado para reclamar su derecho. Ante esta presentación, fue sumariada por usar en el documento judicial "términos no acordes a la ética y al decoro militar y sobrepasando la cadena de mando al presentar un reclamo fuera de la línea jerárquica correspondiente", según argumentó la Armada Paraguaya.

La Justicia Militar la condenó a 45 días de arresto por indisciplina. Tras conocerse el caso, diversos sectores de la sociedad se manifestaron en solidaridad con la mujer y el caso se debatió en el Congreso Nacional. Con un hábeas corpus promovido por la Defensoría del Pueblo se logró impedir que se cumpla el arresto, pero los directivos de las Fuerzas Armadas no desistieron y el pasado 26 de marzo lograron que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifique, a través del acuerdo y sentencia 185, la sanción dictada por la Suprema Corte de la Justicia Militar en julio de 2017, buscando que la teniente cumpla finalmente con la orden de ir a prisión.

Afortunadamente, un sector de referentes del Gobierno y del Estado paraguayo ha reaccionado con mayor sensibilidad ante la medida. Aunque el presidente Mario Abdo Benítez ayer se lavó las manos ante el caso, al sostener que "no se puede ir contra la ley", la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, fue clara en sostener que los derechos del niño están por encima de todas las demás consideraciones, y que además la Ley de Lactancia Materna protege a la mujer madre "en todos los ámbitos", incluyendo el castrense. También la ministra de la Mujer, Nilda Romero, consideró injusta la medida y se comprometió a mediar para evitar que Quinteros vaya a la cárcel.

La directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Alejandra Peralta, ha ido más allá, al advertir que la medida puede generar una responsabilidad internacional para el Estado paraguayo y exponerlo a sanciones de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una vez más, está claro que el sistema judicial demuestra ir a contramano de las demandas sociales, en una evidente complicidad corporativa con una cúpula militar autoritaria y retrógrada. Hay que buscar la manera de reparar este grave precedente.


Fuente: UH