Empresas públicas deberían contribuir para el desarrollo

La existencia de empresas públicas no tiene que ver con paradigmas económicos. Los motivos son de diferentes tipos, incluso, según algunos estudios académicos, en los países más desarrollados se observa un mayor peso de las mismas en el PIB que en los países más pobres. La historia económica reciente de muchos países europeos y de varios de los tigres asiáticos muestra evidencia de que cuando funcionan bien contribuyen al desarrollo.

Esta evidencia también señala que la gobernanza de las empresas constituye uno de los cimientos de su éxito debido a los importantes desafíos y debilidades que enfrenta. Como el resto de las instituciones públicas están sujetas a la influencia política, lo que las obliga a lidiar con presiones electorales y la necesidad de garantizar eficiencia.

La mayor parte de las veces las decisiones se desenvuelven en escenarios contrapuestos, donde la política exige resultados en el corto plazo mientras que una gestión óptima requiere acciones con metas de consecución en el largo plazo.

El equilibrio de objetivos sociales con rentabilidad económica tampoco es fácil. Las externalidades positivas, la existencia de monopolios naturales, los mercados muy pequeños hacen que los países decidan contar con empresas públicas en la provisión de energía eléctrica, agua potable, conectividad, ferrocarriles, entre otros.

Cualquier evaluación que realice el Gobierno, tanto de la situación actual como de las reformas, debe considerar estos aspectos. En primer lugar el rol de las empresas en el bienestar de las personas y en el desarrollo.

En segundo lugar, debe considerar los mecanismos que garantizarán una gestión eficiente y transparente. De nada servirá contar con una evaluación económico-financiera si no se tiene suficiente información sobre los cuellos de botella que impiden decisiones racionales, ajustadas a las normas y enfocadas al bien común.

Por lo tanto, cualquier evaluación a realizar es la de la gobernanza: hasta donde las principales autoridades son profesionales independientes, libres de conflictos de intereses y cuentan con procedimientos formales y mecanismos para reducir los riesgos derivados del prebendarismo político.

La evaluación de las empresas públicas debe realizarse desde un enfoque integral, que incorpore las dimensiones económicas, financieras y político-institucionales, a la luz de los objetivos centrados en el bien común.

Es necesario aprender de la experiencia internacional y tomar decisiones en función de la evidencia empírica, por encima de los intereses particulares y sobre todo teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo.


Fuente: UH