El Estado es mal empresario

En este sentido, los únicos sectores en los cuales es razonable la presencia directa del Estado a través de una empresa pública son los sectores de Agua y Saneamiento y Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Esto es debido a la criticidad de estos servicios públicos para la ciudadanía y a que la prestación de estos servicios posee ciertas características de monopolio natural que limitan el rol de la competencia como regulador de la calidad y las tarifas. Asimismo, las inversiones que requieren, tanto la ANDE como la Essap, para ampliar y mejorar la calidad de los servicios, son muy significativas y su financiamiento requiere de garantía estatal.

Sin embargo, ambas empresas deben fortalecerse para mejorar su desempeño. La Essap precisa de una mayor capacidad de planificación y ejecución de proyectos, así como fortalecer su solvencia patrimonial y capacidad de endeudamiento a largo plazo para financiar la expansión de sus servicios. Por su parte, la ANDE necesita más autonomía para gestionar financiamiento a largo plazo para financiar las inversiones en infraestructura que necesita en los próximos años. En ambos casos, el régimen de fijación de tarifas debe basarse en el Costo Marginal de Largo Plazo para asegurar su sostenibilidad y cumplir adecuadamente con el servicio de la deuda.

En los demás sectores, hoy ya no se justifica la presencia de empresas públicas y es necesario que el Estado desinvierta transfiriendo al sector privado las empresas que tengan algún valor y liquidando aquellas que no tengan viabilidad.

En el sector telecomunicaciones, tres empresas privadas controlan más del 90% del mercado y la competencia entre ellas ha incrementado la cobertura y mejorado la calidad, y los precios se reducen continuamente. Por falta de competitividad, Copaco ha tenido pérdidas financieras en los últimos ejercicios.

En el sector de cemento, insumo crítico para la construcción, la INC es una empresa no competitiva a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años y hoy representa menos del 50% del mercado de cemento. Una empresa privada competidora tiene el 35% y la diferencia se provee con importaciones. En dos años más entrará en operación una segunda empresa privada, los precios del cemento bajarán y esto pondrá en dificultades financieras a la INC debido a sus altos costos operacionales.

En el sector de combustibles, con la liberalización del mercado hay una integración vertical del sector con grandes empresas privadas que manejan la importación, la logística, el almacenamiento y la distribución minorista de combustibles a través de amplias redes de estaciones de servicios en régimen de competencia, asegurando la disponibilidad de combustibles en todo el país. Al perder su poder monopólico, Petropar también tendrá dificultades competitivas y financieras a corto plazo.

Con el servicio de puertos sucede algo similar, debido al avance de los puertos privados. Por otro lado, no existe ninguna justificación para que el Estado se dedique a la producción de alcohol etílico (Cañas Paraguayas SA) y la existencia de Ferrocarriles Paraguayos SA no tiene ningún sentido. En el caso del servicio de aeropuertos, lo óptimo sería que la Dinac conserve su poder regulador y controlador del tráfico aéreo y ceder a un operador privado la administración de los aeropuertos a través de una alianza público-privada.

En resumen, es mejor concentrar el esfuerzo del Estado en asegurar el financiamiento para la provisión de los servicios básicos de distribución de energía y agua y saneamiento de buena calidad. En los demás sectores, la provisión está asegurada por el sector privado y el rol del Estado está en proveer una adecuada regulación para que la competencia entre ellas genere bienes y servicios de buena calidad a un costo razonable.


Fuente: UH