Contraloría ratifica su potestad de auditar a la Fiscalía

El contralor Enrique García anunció este miércoles que se realizará la auditoría a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, y negó que la acción sea por un tema "personal".

La aclaración tiene que ver con la imputación que pesa sobre García por el caso Ivesur, cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Es investigado por producción y uso de documentos no auténticos, pero no puede ser sometido a proceso por su inmunidad.

Por medio de una conferencia de prensa, el titular del ente contralor lamentó que las acciones llevadas a cabo sean consideradas como un enfrentamiento entre instituciones y personas.

Al respecto, refirió que la Contraloría General de la República (CGR) tiene la potestad de hacer las revisiones y verificaciones de las finanzas y balances del Ministerio Público.

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Por esa razón tienen previsto recurrir a un auxilio judicial en caso de que se nieguen a proveer informaciones. Esta acción obliga a las instituciones a brindar la información correspondiente o documentación a la Contraloría.

"Espero que eso no sea necesario, y que esta circunstancia sea un respetuoso llamado al diálogo y la sensatez, porque nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer", manifestó García.

Disputa judicial

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte el pasado 15 de febrero para poder rendir su ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas y no solo ante la Contraloría.

En efecto, la Sala Constitucional de la Corte otorgó la medida cautelar a la Fiscalía para que el tribunal haga el trabajo de verificación y observación.

De esta manera, como lo hicieron los anteriores fiscales generales, también quiere presentar sus rendiciones de cuentas en el Poder Judicial y no solo ante la Contraloría General de la República.

La acción fue promovida en contra de la Ley 2248/03 que modifica el artículo 30 de la Ley 879 del 2 de diciembre de 1981, Código de Organización Judicial.

Sin embargo, el contralor tomó medidas sobre el caso y ratificó que la Contraloría está autorizada constitucionalmente para auditar y el Tribunal de Cuentas para juzgar.

Asimismo, indicó que un equipo auditor se constituyó en la mañana de este miércoles en las oficinas de la Fiscalía para hacer la notificación del procedimiento, pero el auditor interno del Ministerio Público no recibió la nota.

"La verdad es muy grave si es que no se recibe la nota. Se emite un nuevo mensaje, que al contrario de los discursos de transparencia lo que hace es mostrar una clara conducta obstructiva de control, y por consecuencia, una conducta que atenta contra la transparencia", sostuvo.


Fuente: UH