Proteger los derechos ciudadanos ante espacios públicos ocupados

La deplorable situación en que se encuentra nuevamente la histórica Plaza Uruguaya, ante la instalación de un precario campamento de familias indígenas que traen sus reclamos de tierra a la capital, con todo lo que implica encender fogones para cocinar en el suelo, hacer sus necesidades fisiológicas en el lugar, tender ropas sobre las estatuas y monumentos, plantea asumir una problemática repetida y a la que al parecer las autoridades afectadas no saben –o no les interesa– hallar soluciones.

El deplorable cuadro de deterioro se produce después de que la Municipalidad de Asunción y el Gobierno central habían invertido cerca de 1.600 millones de guaraníes para refaccionar la plaza, precisamente tras una serie de ocupaciones indígenas y campesinas que habían destruido el lugar. Ahora, gran parte de las mejoras nuevamente se han perdido, con el costo que ello supone para los contribuyentes. Ni siquiera la cuestionada medida de instalar rejas alrededor de la plaza ha evitado que de nuevo sea ocupada.

Lo mismo pasa con la también histórica Plaza de Armas, en la zona del Cabildo de Asunción, que tras haber permanecido totalmente ocupada por familias afectadas por la creciente del río Paraguay y también por grupos de indígenas y campesinos en protesta, fue liberada para los actos del pasado 15 de agosto, relacionados al aniversario de la ciudad y la asunción de un nuevo Gobierno, ocasión en que se invirtió también mucho dinero en su reparación, pero a las pocas semanas siguientes de nuevo resultó ocupada, perdiéndose toda la inversión realizada, otra vez convertidos en sitios que resultan difícil de ser visitados, a pesar de su gran importancia para el turismo.

Plantear esta arista de la situación no implica desconocer la problemática social que motiva a los sectores que ocupan dichos espacios. Sin embargo, en lugar de condescender de manera populista con las ocupaciones, las autoridades deberían responder a los reclamos puntuales de dichos sectores. No hay respuestas ni del Indi ni de otras instancias estatales para los indígenas, ni surgen propuestas alternativas desde la Municipalidad y el Gobierno central para ubicar en otros sitios a las familias evacuadas por la creciente mientras se trabaja por una situación definitiva para sacarlos de zonas inundables.

Ni se resuelven los reclamos puntuales de los grupos en protesta que ocupan el espacio público, ni se protege el derecho de los vecinos y de los demás sectores ciudadanos a disfrutar de plazas y parques. Hay una gran incapacidad de gestión de la Municipalidad y de otras instituciones involucradas, al no hallar soluciones eficientes a un problema que se repite cíclicamente, ofreciendo a los turistas y visitantes un lamentable cuadro de una Asunción sucia, descuidada, maloliente, sin que siquiera sea válida la excusa de que es una situación temporal ante una emergencia, porque ya se ha vuelto una situación permanente.


Fuente: UH