Piden a SFP revisar informe sobre doble salario en dos municipios

Se trata del abogado Rolando Regis Jara. Un documento de la SFP genera confusión y contradice la resolución de la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia (Boquerón), que lo designa como juez de Faltas en el periodo comprendido a partir del 1 de febrero de 2017 hasta el 25 de enero de 2021. En este lugar percibe un ingreso cerca de G. 7 millones.

Sin embargo, en un informe de la SFP aparece el abogado con el cargo de asesor jurídico pero de la Junta Municipal, en carácter de contratado.

Además de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, el abogado aparece como juez de Faltas en la Municipalidad de Teniente Irala Fernández. Allí percibe una remuneración de G. 4 millones.

Ningún funcionario puede ocupar dos cargos al mismo tiempo, de acuerdo con lo que establece la ley. Tampoco ningún funcionario podrá percibir dos o más remuneraciones de organismos o entidades del Estado. El que desempeñe interinamente más de un cargo, tendrá derecho a percibir el sueldo mayor.

La Secretaría de la Función Pública es la institución encargada de realizar todas las observaciones referentes al salario que perciben los funcionarios públicos, no solamente aquellas que pertenecen al Poder Ejecutivo, sino también a las gobernaciones, los municipios y entidades descentralizadas.

El abogado puede cumplir funciones como asesor. Sin embargo, llamativamente la Secretaría de la Función Pública no tuvo en cuenta o desconoció la resolución de la Junta Municipal en donde lo designan con el cargo de juez Penal.

La reglamentación del artículo 105 de la Constitución Nacional establece que ningún funcionario o empleado público podrá percibir más de un sueldo o remuneración en forma simultánea con excepción de aquellos que provengan del ejercicio de la docencia.

Aquellos funcionarios que incurran en faltas pueden ser declarados cesantes con causa justificada.

Desde que asumió Mario Abdo Benítez hubo problemas en el seguimiento de la rendición de informes por la vía de la ley de acceso a la información pública a través de la SFP.

Justamente se trata de la institución que se encarga del control del cumplimiento de la norma que establece la obligatoriedad de la provisión de las informaciones en las instituciones públicas.

Ya en octubre y noviembre del año pasado aparecieron problemas en el seguimiento de las solicitudes.


Fuente: UH