Nueve legisladores arrancan el año con casos pendientes de resolución

Solo el año pasado, tres congresistas terminaron apartados de sus cargos como consecuencia de procesos por presuntos hechos de corrupción: el ex diputado José María Ibáñez, que renunció tras la ola de indignación que despertó la insignificante sanción que recibió de la Justicia tras admitir haber estafado al Estado; y los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, ambos actualmente procesados por los audios del Jurado de Enjuiciamiento que revelaron el tráfico de influencias en el Poder Judicial.

A un destino similar se exponen los senadores Víctor Bogado y Enrique Salyn Buzarquis. Ambos enfrentarán un juicio oral y público este 2019. Bogado fue imputado en el 2013 por supuestamente haber utilizado sus influencias para conseguir un contrato en la Itaipú Binacional a una mujer que ya tenía un sueldo estatal en la Cámara de Diputados, mientras que Buzarquis está procesado por presuntamente generar un daño patrimonial de USD 600.000 durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.

Congelados. En contrapartida, varios de los congresistas imputados se benefician con la lentitud de la justicia y la tolerancia de la Corte Suprema de Justicia a incidentes y chicanas que dilatan aún más los procesos.

Este es el caso, por ejemplo, de los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré. El primero está procesado por presuntos millonarios desvíos en su administración en el Ministerio de Agricultura y Duré se encuentra acusado de haber participado en el negociado de la venta de las tierras de San Agustín. Mediante acciones ante la Corte Suprema, ambos retrasan sus casos. Cardozo aún debe enfrentar una audiencia preliminar, mientras que el caso de Duré ya fue elevado a juicio oral.

De igual manera, el proceso a Tomás Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados de sus propiedades privadas, está paralizado desde hace siete meses.

bajo la lupa. Por otro lado, son seis los legisladores que están actualmente bajo investigación fiscal. El Ministerio Público investiga al senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las denuncias en contra del clan familiar también incluyen al hermano del senador, el diputado Justo Zacarías, y a su esposa, la diputada Rocío Abed.

Otro senador investigado es el liberal Dionisio Amarilla, también por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia hecha por la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Asimismo, en diciembre la Fiscalía empezó a investigar al senador oficialista Rodolfo Friedmann por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Guairá.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, también enfrenta una pesquisa en su contra por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. La denuncia en su contra menciona que se enriqueció en su paso por la Gobernación de Paraguarí.

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Fuente: UH