Interés

Una de las materias no enseñadas ni aprendidas en democracia, de las tantas que tenemos como tarea, es la que rodea a las acciones y actividades de funcionarios con empresas. Solo aquí podemos tolerar que el mayor fabricante de tabaco y exportador no se desligue del control de sus compañías y siga siendo presidente de la República al mismo tiempo. Cuando de negociar el ingreso de sus mercaderías a Brasil, siempre puso sus intereses particulares por sobre los de la República y eso no es correcto, legal ni ético. Por eso le extraña al investigador norteamericano Ottolenghi que el esposo de la titular de Seprelad sea un alto funcionario bancario, donde quizás tenga que poner alguna vez la lupa de alguna investigación a futuro. Ciertamente en la alcoba matrimonial –además de muchas cosas–, intercambiarán información que no debería ser conocida en función de los intereses de la República. Si sumamos al escandaloso hecho de que los cuatro altos funcionarios de la hacienda del Estado en tiempos de Cartes hayan sido contratados por su banco una vez concluidas sus funciones (dos ministros de Hacienda, un presidente del Banco Central y el encargado del control del lavado de dinero) no podemos más que concluir que en Paraguay eso del conflicto de intereses no entiende nadie y menos se pretende aprender.

El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera –más rico que Cartes–, afirmó que perdió mucho dinero luego de verse obligado a dejar el control de sus empresas, vender sus acciones de Lan Chile y colocarlas en un fideicomiso ciego para asumir la primera magistratura. "Ha sido muy mal negocio ser presidente, porque un par de meses después de vender mis acciones de LAN en la fusión con TAM, ellas valieron más del doble", afirmó en el palacio presidencial de La Moneda poco después de su primera elección. Ser funcionario debe ser siempre un mal negocio frente a las posibilidades de ganar dinero en el sector privado. Pero no es así en este país, porque se toleran abiertamente estas acciones para luego asombrarnos del enriquecimiento que ha tenido alguno luego de tener un piolín como ropero.

Si no se establecen normas que se cumplan, nada pasará y el enriquecimiento ilícito seguirá siendo el sello de esta democracia a punto de cumplir 30 años. Una de las críticas de los nostálgicos –y de los no tanto–, es que lo único que se ha democratizado en realidad es la sinvergüencería y eso no puede continuar. Los altos funcionarios de Hacienda y del Banco Central no pueden pasar como si fuera una puerta giratoria del sector contralor al controlado sin pensarse en el camino que siempre fueron cómplices de no sabemos cuántos hechos ilícitos. Ahora se estudiará en el Congreso una limitación y no habrá quienes digan "de qué podrían vivir los pobrecitos una vez que dejaron sus cargos".

El interés de la República siempre debe ser el colectivo, el que favorece a todos y en estos momentos con el diseño administrativo que tenemos no se genera esa sinergia, sino, por el contrario, estimula la abierta complicidad entre los intereses privados y públicos con clara ventaja de los primeros.

Más que una lección de ética o de sentido común, el conflicto de interés debe ser evitado a toda costa como garantía de consolidación democrática. Lo otro solo la erosiona y la degrada y ya saben a quiénes favorece todo eso.


Fuente: UH