Gobierno sigue sin pedir revocatoria de refugio político a Arrom y Martí

Elevada la consulta a la Cancillería Nacional, fuentes bien informadas explicaron ayer que en la brevedad la petición será cursada al Gobierno brasileño "por los conductos correspondientes", que son los diplomáticos. Respecto a los términos y a la fecha, no han podido responder aún.

De hecho, el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni se halla de vacaciones esta semana.

No obstante, a su regreso de Brasilia, el martes, tras participar de la ceremonia de asunción del presidente brasileño Jair Bolsonaro, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que dialogará con su par del vecino país, el canciller Ernesto Araújo, para solicitarle la revocatoria de la condición de refugiados políticos que gozan Arrom y Martí y la subsiguiente extradición de estos para afrontar el proceso por secuestro.

"Ellos gozaban de medidas alternativas a la prisión y aprovechándose de esas facilidades judiciales a las cuales accedieron huyeron para evitar enfrentar el juicio aquí en Paraguay", refirió el canciller y precisó que este tema es de alta prioridad en la agenda bilateral con el Brasil.

Cuando se cumpla con el trámite, este será el cuarto pedido de extradición que hace el Gobierno de Paraguay, ya que anteriormente lo intentó en 2004, 2008 y 2010.

El último fue planteado durante el gobierno de Fernando Lugo. Entonces, el embajador Manuel María Cáceres, por entonces viceministro de Relaciones Exteriores, había presentado el pedido, que no prosperó.

"Hasta ahora no hay razones para que sea revertido el refugio, que solo podría ser revisado si se reciben nuevas pruebas" contra los acusados, había declarado en esa ocasión un portavoz de la Presidencia brasileña.

Corte-IDH. El Estado afronta en estos momentos un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por terrorismo, secuestro y torturas, promovido por familiares de Juan Arrom, inicialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año pasado recomendó al Paraguay el pago de 63 millones de dólares a los ex dirigentes del partido Patria Libre. Recomendación rechazada por el Estado. No obstante, sirvió de cabeza de proceso para iniciar un juicio ante la Corte-IDH, que ha rechazado en el proceso a 26 de los 27 testigos que ofrece el Estado para desmontar la denuncia de que Arrom y Martí fueron víctimas de terrorismo de Estado.

El Estado solicita ahora que la Corte escuche a los 27 testigos que propone. Entre ellos varios fiscales y el forense que examinó a Arrom y Martí cuando el 30 de enero del 2002 fueron rescatados supuestamente del cautiverio al que fueron sometidos por fuerzas de seguridad del Estado, que buscaban hallar en poder de ellos parte de la recompensa de 1 millón de dólares pagada por la liberación de María Edith Bordón de Debernardi.

El próximo 6 de febrero, en la sede de la Corte IDH, en Costa Rica, está fijada una audiencia privada y el 7, una pública en la que tendrán que comparecer representantes del Estado y, hasta ahora, escuchado el único testigo admitido por esta instancia, el doctor Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado.

Arrom y Martí también fueron secuestrados el 17 de enero de 2002, y rescatados 13 días después. Alegaron haber sido víctimas de terrorismo de Estado, apareciendo con magulladuras en varias partes del cuerpo.

El procurador general del Estado, Sergio Coscia, acusó a la CIDH y a la Corte -IDH de parcialidad manifiesta en este caso. La semana pasada, tras una reunión interinstitucional en la Cancillería Nacional, incluso dijo que el Estado paraguayo "está absolutamente desprotegido frente a la Corte -IDH".

Fue aún más lejos al decir que nos encontramos frente a una Corte "que tiene unas estadísticas terribles" frente a los Estados que forman parte de ella. Emitieron 250 resoluciones desde sus inicios hace 40 años. "Las resoluciones son en contra de los Estados. Eso es imposible…", resaltó y sugirió: "Tenemos que saber si como Estado tenemos que seguir estando sometidos a la Corte".

Embed


Fuente: UH