Los ministros del TSJE deben rendir cuenta por sus acciones

La apresurada y torpe acción de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al haber convocado a elecciones municipales en Ciudad del Este antes de que la Junta Municipal acepte o rechace la renuncia de la intendenta Sandra McLeod y a pocas horas de que la Cámara de Diputados resuelva un pedido de intervención a la Comuna, fue un grave error administrativo y político –y, según muchos expertos, un caso de prevaricato– ha aumentado el descrédito que la Justicia Electoral sufre ante la ciudadanía.

Fue tan evidente, que los ministros del TSJE debieron anular su decisión, luego de que la Cámara de Diputados haya decidido intervenir la Comuna esteña, instalando aun más la presunción de que la Justicia Electoral se prestó a los intereses de un sector político para intentar frenar la intervención.

Esta lamentable situación abrió paso a que un grupo de 14 diputados presenten en la Cámara Baja un pedido de juicio político a los ministros del TSJE, Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, por prevaricato y mal desempeño de sus funciones. Paralelamente, legisladores del Frente Guasu presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra los mismos ministros del TSJE, por presuntos delitos de prevaricato y alteración del orden constitucional, al haber convocado prematuramente a elecciones en Ciudad del Este, sin que la Junta Municipal haya tratado la renuncia de la intendenta McLeod.

Más allá de las intenciones políticas que puedan existir tras estos reclamos, los ministros del TSJE no pueden evadir su responsabilidad y deben rendir cuentas por sus acciones. Hay respuestas que dar ante la Justicia y otros organismos del Estado, pero principalmente a la ciudadanía, ante la cual han ido perdiendo la imagen de seriedad y de eficiencia institucional que llegó a tener en algún momento.

Este es también el momento de reformular la propia legislación electoral, tal como lo han recomendado las delegaciones de observadores internacionales, tanto los de la Organización de Estados Americanos (OEA) como los de la Comunidad Europea (UE) tras su participación en las últimas elecciones generales, cuando señalaron la falta de confianza de la ciudadanía en las estructuras políticas y la inercia judicial, y apuntaron que "el marco legal electoral es ambiguo y contradictorio, en muchos casos sobrepasando disposiciones constitucionales, resultando en inseguridad jurídica".


Fuente: UH