La Fiscalía está paralizada en medio de un polémico pedido de aumento

Los funcionarios del Ministerio Público paralizaron desde ayer las sedes fiscales con una huelga general que irá hasta el 7 de diciembre. La medida obedece a que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó completamente la ampliación presupuestaria de G. 18.041 millones que fue solicitada por el Ministerio Público. Senadores refirieron durante la sesión de ayer que dicha institución miente. En tanto, el ministro de Hacienda, Benigno López, señaló que en ningún momento hubo pedidos de aumento para insumos, alquiler o infraestructura. Solamente para cuestiones salariales y de creación de cargos.

Sin embargo, la presión de los gremios sindicales demostrada en la víspera tiene como objetivo la promulgación del proyecto de ley para los ajustes salariales y la recategorización, incluso para insumos e infraestructura, según explicó Odilón Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (Sifetramipar).

A nivel país se realizaron paros frente a las unidades ordinarias o especializadas con pasacalles. También se hicieron sentatas y marchas.

El sindicalista había manifestado a principios de noviembre que más de 196.000 casos que tengan que ver con la institución se paralizarán y se atenderán únicamente aquellos que sean urgentes.

prohibición. El fiscal Rogelio Ortúzar, delegado del sector 1, sacó ayer una circular resaltando que queda prohibido el acceso a la sede a su cargo a todas las personas y/o profesionales abogados, excepto que presenten algún documento citatorio para la fecha. En cuanto a la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, cerraron la entrada con un pasacalles.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que también desde el mes de enero se rescindirán todos los comisionamientos otorgados a los distintos ministerios del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Con respecto a esta medida, la senadora Desirée Masi refirió en su cuenta de Twitter: "¿Por qué están diciendo que van a tener que cerrar servicios porque no hay plata para infraestructura, si su pedido real no es para inversión?".

Por su parte, el ministro López, a través de un comunicado, recalcó que el Fisco asegura que el veto del Ejecutivo a la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público no pone en riesgo su funcionamiento normal.

"La discusión de fondo acá es qué tan cómodo está uno con lo que gana. No hay pedidos de insumos, de alquiler, de infraestructura. Es solamente para cuestiones salariales", expresó.

Cabe destacar que el proyecto vetado de los G. 18.041 millones, si es que se promulgaba, también ya iba a ser introducido para el presupuesto del año 2019.

Así también, menciona que la Fiscalía cuenta con 455 nuevos cargos correspondientes a 98 administrativos y 357 jurisdiccionales.

Fuente: UH